La UE pacta
un salto histórico en su modelo presupuestario para frenar la crisis de la
covid-19
Por
primera vez en su historia, el club se endeudará para financiar un estímulo
económico extraordinario con 390.000 millones de euros en subvenciones y
360.000 millones en créditos. España recibirá 140.000 millones, de los cuales
72.700 serán ayudas a fondo perdido.
BERNARDO DE MIGUEL. LLUÍS PELLICER
Bruselas - 21 JUL 2020 - 09:25 PET
Acuerdo. La Unión Europea ha pactado a
las 5.30 de la madrugada de este martes el mayor salto en su modelo
presupuestario desde que hace 30 años estableció el marco financiero plurianual
y dobló los recursos destinados a la cohesión. Los 27 socios de la Unión, por
unanimidad, han acordado establecer un
fondo de reactivación para paliar los daños económicos de la covid-19 dotado con 750.000 millones de euros y un marco
financiero para 2021-2027 de más de un billón de euros. Por primera vez en la
historia de la UE, las subvenciones se financiarán con emisiones de deuda
conjunta, un hito en la evolución presupuestaria de un club que nunca se había
adentrado tanto en la senda de una posible unión fiscal.
“Deal”, ha anunciado el
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a las cinco y media de la mañana.
Un escueto mensaje en inglés en su cuenta de Twitter que remataba cinco días de
cumbre europea, una de las más largas de la historia de la UE. El anuncio
provocaba una cascada inmediata de declaraciones y reacciones, muchas de ellas
poniendo el énfasis en el alcance del acuerdo. “¡Un día histórico para
Europa!”, ha proclamado inmediatamente el presidente francés, Emmanuel Macron,
uno de los artífices, junto a la canciller alemana, Angela Merkel, del mayor
pacto financiero en la historia del club: 1,8 billones en total, incluidos los
750.000 millones de euros del fondo contra la crisis de la pandemia. “No fue
fácil, pero al final nos encontramos”, ha afirmado Merkel. A juicio de la
canciller, “Europa ha demostrado que es capaz de abrirse camino en una situación
tan especial”.
En foto, Charles Michel, presidente del Consejo, Europeo, este martes. En vídeo, Michel celebra el pacto de reconstrucción de la Unión Europea.
“Es
el acuerdo adecuado para Europa en estos momentos”, ha valorado Michel en la
rueda de prensa posterior a la última jornada de la cumbre. “Hemos demostrado
que la magia del proyecto europeo funciona porque cuando pensamos que es
imposible, sale adelante gracias a la cooperación y a la voluntad de trabajar
juntos”, ha señalado el presidente del Consejo tras cerrar con éxito una de las
negociaciones más complejas de los últimos años y en la que él se jugaba buena
parte de la credibilidad de un mandato estrenado hace apenas ocho meses. Junto
a él, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impulsora del
proyecto del fondo, ha calificado el acuerdo como “un gran paso adelante”. “Han
sido casi 90 horas de negociación, pero ha merecido la pena”, ha añadido Von
der Leyen.
El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el paquete como “un
auténtico plan Marshall”. “La Comisión Europea se endeudará por primera vez en
la historia para financiar programas”, ha recordado Sánchez, quien ha añadido
que se trata de un hecho “inédito”. Sánchez ha detallado que España recibirá
140.000 millones de euros (el equivalente al 11% del PIB español) en seis años.
De esta cantidad, 72.700 millones corresponden a subsidios y el resto a
préstamos. “Es un impulso extraordinario”, ha añadido Sánchez, quien ha
insistido en que se trata de un “gran acuerdo para Europa y para España”.
El fondo nace tras la
fiera resistencia de un pequeño grupo de países, liderado por el primer
ministro holandés, Mark Rutte, que durante cuatro días y cuatro noches ha
intentado reducir todo lo posible la ambición de las propuestas presupuestarias
y someter las ayudas a un derecho de
veto que podría inutilizarlas. Aparte del reflejo austero, los Países Bajos y sus
aliados –Suecia, Austria y Dinamarca– temían, sobre todo, que se abriese camino
a la emisión de deuda para financiar subvenciones. Un precedente que los
autodenominados frugales no han logrado evitar.
Las larguísimas
negociaciones, no exentas de tensión y roces entre
los socios,
se han saldado con un pacto que recorta en parte el programa de subvenciones de
medio billón de euros propuesto por la Comisión Europea, pero mantiene una
potencia de tiro considerable y evita la amenaza de veto de cualquier capital.
Y marca un hito en la evolución presupuestaria de la UE que será muy difícil de
obviar en el futuro, sobre todo ante crisis de una magnitud como la de la
provocada por la pandemia, con las mayores caídas del PIB desde la Segunda
Guerra Mundial. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, había advertido de
que los socios debían sellar un acuerdo ambicioso y no apresurarse. Al conocer
el contenido, ha considerado que “el Consejo Europeo demuestra que, cuando más
se necesita, la UE da un paso adelante para ayudar a los ciudadanos de Europa”.
El plan pactado por
los 27 destinará 390.000 millones a subsidios y 360.000 millones a préstamos,
desembolsables en un 70% entre 2021 y 2022. Bruselas calcula que la suma del
fondo, del próximo marco presupuestario (1,074 billones) y de la triple red de
seguridad de préstamos para sistemas de regulación de empleo, gasto sanitario y
avales a empresas (540.000 millones entre los tres mecanismos), logrará una
movilización de recursos equivalentes al 17% de la renta nacional bruta (RNB)
de la UE, superior a la acometida por EE UU (15,9%) o China (4,2%) para
responder a la pandemia.
Pero más allá de la
envergadura financiera de la reacción comunitaria, la gran trascendencia del
pacto sobre el fondo estriba en su diseño sin precedentes. Por primera vez en
su historia, la Unión Europea se endeudará, y de manera masiva además, para
lanzar un plan de subvenciones y créditos destinado a paliar el impacto de la
crisis desencadenada por la covid-19 y para mitigar el riesgo de fragmentación
económica entre los socios comunitarios. “Es el acuerdo económico más importante
desde la creación del euro”, ha valorado el comisario europeo de Economía,
Paolo Gentilloni.
Hasta ahora, la Unión
nunca había emitido deuda para financiar un programa de transferencias directas
desde la caja central hacia los países necesitados, en este caso, por sufrir
las consecuencias económicas de la pandemia. Los instrumentos de cohesión, como
los fondos estructurales o la política agrícola común, se sufragan con la
aportación anual de los Estados y con los ingresos propios de la Unión, como los
aranceles. Las ayudas para la pandemia, en cambio, se financiarán con números
rojos amortizados de manera conjunta por los Estados durante 30 años.
La fórmula del
endeudamiento era un tabú para países como Alemania o
Países Bajos.
Pero a raíz de la pandemia, la canciller Merkel anunció el 18 de mayo junto al
presidente Macron una propuesta para crear un fondo de medio billón de euros en
subvenciones para paliar los daños de la covid-19.
El giro de Merkel
cogió desprevenidos a propios y extraños, incluido el lado francés, que no se
esperaba tamaña concesión. Pero, sobre todo, sorprendió con la guardia baja a
Rutte y sus aliados, que confiaban en Berlín para frenar cualquier atisbo de
mutualización de la deuda cuando la pandemia abrió el debate sobre los
eurobonos y los coronabonos.
La fórmula propuesta por Merkel y
Macron, e incorporada a la
propuesta de la Comisión, no va tan lejos como los eurobonos, pero acepta que
se utilice el presupuesto comunitario, previa ampliación del techo de gasto
hasta el 2% de la RNB, para colocar deuda en los mercados e inyectar esos
recursos en forma de subvenciones.
La propuesta desarboló
a los países frugales, que en apenas unos días intentaron armar un contraataque.
Su plan alternativo, sin embargo, se resignaba a aceptar parte del proyecto
franco-alemán, incluida la ampliación del techo de gasto del presupuesto
comunitario para emitir deuda. Su única petición es que se transfiriera en
forma de crédito y no de subvenciones. Han mantenido esa exigencia durante
semanas. Pero han claudicado durante la cumbre ante la evidencia de que la
inmensa mayoría de los socios apoya la propuesta de la Comisión. El acuerdo de
este 21 de julio marca así un hito en la gestión de las cuentas del club, que
nunca antes se había aventurado por un camino que apunta, aunque sea en la
lejanía, hacia la unión fiscal.
El precio para lograr
el pacto ha sido elevado. Y no solo en términos de esfuerzo y recursos humanos,
con una cumbre europea que se ha prolongado desde las 10 de la mañana
del pasado viernes hasta la madrugada de este martes, sino de valiosas
concesiones políticas a unos socios y otros para llegar a la unanimidad.
La factura más
tangible ha sido el mantenimiento de los llamados cheques, los descuentos en la
contribución al presupuesto comunitario que inauguró el Reino Unido y que la
Comisión Europea pretendía extinguir tras el Brexit. El acuerdo los mantiene
para cinco de los contribuyentes netos –Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria
y Dinamarca– e incluso los amplía. La rebaja ascenderá a 52.000 millones de
euros durante los próximos siete años. Los cuatro frugales se ahorrarán 27.000
millones, con La Haya apuntándose la mitad, 13.500 millones, y arrancan
ese privilegio a pesar de que, según Bruselas, figuran entre los principales
beneficiarios del mercado interior.
Cláusula de control
Menos visible, pero
mucho más preocupante para muchas fuentes comunitarias, es la renuncia a un
control estricto del respeto al Estado de derecho en la gestión de los fondos
comunitarios. La iniciativa había sido impulsada desde hace meses por el
Gobierno de Angela Merkel, entre otros, como reacción a las sospechas de
enriquecimiento a costa del presupuesto de la UE que pesan sobre algunos
oligarcas de Europa central vinculados a los políticos en el poder. Pero el
mecanismo de vigilancia se ha descafeinado para no provocar el rechazo de
socios como la Hungría de Viktor Orbán. Días antes de la cumbre, Alemania, que
asumió el 1 de julio la presidencia semestral de la UE, dejaba claro que la
prioridad era aprobar los planes de recuperación aunque fuera a costa de
sacrificar ciertos objetivos, como el del mecanismo del Estado de derecho.
Otras concesiones, más
directamente ligadas al fondo, se han logrado evitar en parte. Rutte, por
ejemplo, reclamaba un derecho de veto para la liberación de las ayudas ligadas
a la pandemia con el objetivo de frenar el flujo de recursos hacia los países que no acometan la
reformas para las que reciban financiación. La propuesta provocó el rechazo casi unánime del
resto de los socios, que temían la parálisis del fondo, y de la Comisión
Europea, que veía invadidas sus competencias.
El acuerdo final prevé
la aprobación de los planes nacionales de reforma por mayoría cualificada, es
decir, sin derecho de veto. Y la evaluación para autorizar el desembolso
dependerá de la Comisión, previa opinión del Comité Económico y Financiero
(donde se sientan técnicos de los ministerios de Economía de los 27). Si uno o
más miembros de ese comité planteara objeciones, el expediente podría elevarse
al Consejo Europeo (jefes de Estado y de Gobierno) que dispondrá de tres meses
para pronunciarse. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo
Europeo, Rutte se ha congratulado por esa estipulación. “Los 27 países miembros
estarán vigilando si lo que estás haciendo se corresponde con lo comprometido”,
ha señalado.
La Comisión se da por
satisfecha con esa solución porque no establece un veto directo, sino una
fórmula para parar el reloj. La decisión final siempre se adoptará por mayoría,
sin veto, tras el pronunciamiento de los líderes de la UE. Y si el Consejo no
se pronuncia en el plazo previsto, el expediente seguirá su tramitación normal
y la última palabra volverá a la Comisión. El mecanismo no genera tanta
incertidumbre como el propuesto por Rutte, pero aun así expone los desembolsos
a una intervención política por parte del Consejo que, caso de pronunciarse en
contra, podría equivaler a un veto político de facto.
