ACTORES DE REPARTO
Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized
Ayer (19-7-2013), el acuerdo sobre el reparto de puestos para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo estalló por los aires. Durante la mañana y la tarde de ayer, con diversos tonos y comunicados, la mayoría de integrantes electos el miércoles decidió declinar, luego que, en diversas partes del país, la protesta ciudadana se hiciera patente y, en forma casi unánime, los medios de comunicación rechazaran lo que, a todas luces, era una vulgar repartija.
La reculada, en realidad, comenzó el jueves, cuando Ollanta Humala y Keiko Fujimori, en diversos tonos y defendiendo cada uno a sus elegidos, señalaron que existía un problema de legitimidad en torno a algunos de los escogidos. Claro está, 24 horas antes, sus respectivas bancadas habían consumado un acuerdo que les salió caro en términos políticos.
A ellos les siguió Alan García, a quien cuatro partidos políticos le dieron en la yema del gusto al sellar un contubernio rechazado por la población. El problema para el líder aprista es que, desde la ciudadanía, varios le recordaron otra repartija vinculada al Tribunal Constitucional y ejecutada en 2007. De hecho, dichos críticos señalaban que, si el APRA tenía bancada, se hubiera sumado a este cogollo.
Más allá que, finalmente, las dimisiones se concreten en una anulación de la elección la próxima semana - de hecho, quienes han encabezado las protestas cívicas de estos días, prometen continuar los plantones en las calles hasta que ello se consume -, lo cierto es que ha quedado una fea imagen sobre la mayor parte de políticos. Se les ha visto capaces de debilitar dos instituciones que merecen relativa confianza de la ciudadanía - aunque mayor que los poderes del Estado - todo para no ser controlados o para poder consolidar proyectos políticos particulares.
Este problema no se arreglará con meas culpas - algunos de los cuales comenzaron hoy - sino con gestos concretos. El primero es terminar de liquidar la elección cuestionada. El segundo es elegir a autoridades realmente capacitadas para puestos que la ciudadanía valora. Y el tercero es debatir si es que dejar la designación del TC y la Defensoría en manos del Congreso de la República es una regla que debe permanecer sin variaciones.
VERGÜENZA NACIONAL
A ellos les siguió Alan García, a quien cuatro partidos políticos le dieron en la yema del gusto al sellar un contubernio rechazado por la población. El problema para el líder aprista es que, desde la ciudadanía, varios le recordaron otra repartija vinculada al Tribunal Constitucional y ejecutada en 2007. De hecho, dichos críticos señalaban que, si el APRA tenía bancada, se hubiera sumado a este cogollo.
Más allá que, finalmente, las dimisiones se concreten en una anulación de la elección la próxima semana - de hecho, quienes han encabezado las protestas cívicas de estos días, prometen continuar los plantones en las calles hasta que ello se consume -, lo cierto es que ha quedado una fea imagen sobre la mayor parte de políticos. Se les ha visto capaces de debilitar dos instituciones que merecen relativa confianza de la ciudadanía - aunque mayor que los poderes del Estado - todo para no ser controlados o para poder consolidar proyectos políticos particulares.
Este problema no se arreglará con meas culpas - algunos de los cuales comenzaron hoy - sino con gestos concretos. El primero es terminar de liquidar la elección cuestionada. El segundo es elegir a autoridades realmente capacitadas para puestos que la ciudadanía valora. Y el tercero es debatir si es que dejar la designación del TC y la Defensoría en manos del Congreso de la República es una regla que debe permanecer sin variaciones.
Resulta sintomático que la mayoría de portadas de hoy de los principales diarios coincidan en los sustantivos y adjetivos: repartija, vergüenza, indignación, traición, anticuchos. Y dichas palabras son pronunciadas por periódicos que representan a variadas tendencias políticas.
También resulta un signo de estos tiempos que, vía redes sociales, se haya podido congregar rápidamente una manifestación en contra. Y que la misma haya sido recibida, casi de inmediato, por varias bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía, a pesar que la misma era absolutamente pacífica.
El sabor a componenda ha quedado en el ambiente. Mientras que el gobierno asegura dos votos fijos para evitar que cualquier norma cuestionable pueda ser sacada del ordenamiento jurídico - ¿se imaginan a Cayo Galindo y Víctor Mayorga votando, por ejemplo, en contra de las normas sobre servicio militar? -, el fujimorismo ha logrado poner al abogado de Alberto Fujimori y de varios procesados por narcotráfico, corrupción y violadores de derechos humanos como magistrado de un Tribunal Constitucional al que se palomearon en 1997. Mientras que todos los políticos ganan con una Defensoría del Pueblo adocenada, con una persona cuestionable a la cabeza, cercana a un partido que ha perdido todo rubor democrático.
Peor aún, hemos visto a congresistas del Partido Popular Cristiano defender la repartija en nombre de “un acuerdo ya tomado”. El PPC, cuyos miembros se consideran como guardianes de la institucionalidad, terminó convalidando una de las peores votaciones que hemos tenido en 13 años de democracia, desde que la recuperamos.
Resulta también desleznable que la mayoría de gremios empresariales hasta ahora no haya dicho esta boca es mía respecto a la elección de ayer. Si bien varios de sus miembros deben respirar aliviados porque, al menos, hubo una buena elección de los directores del Banco Central de Reserva, su silencio resulta ominoso frente a dos instituciones que también deberían importarles. El Tribunal Constitucional ha resuelto varias disputas económicas y laborales, mientras que la Defensoría del Pueblo tiene el mejor seguimiento de conflictos sociales.
No estoy a favor de los que piden disolución del Congreso. Por el contrario, sería un remedio aún peor que la enfermedad. La mejor forma de hacer sentir a esta gente - no todos, felizmente, ayer hubo muestras de dignidad en ese hemiciclo - que nos avergüenza es seguir con manifestaciones, protestas simbólicas y, sobre todo, comprometerse más en la actividad política.
En el Congreso aun no se han dado cuenta de la magnitud del daño hecho. De lo que son conscientes es que se bajaron 2 instancias de control. Y no parecen sentir remordimiento alguno en ello.
(Foto: Miguel Bellido. El Comercio)
FUENTE: http://www.desdeeltercerpiso.com/
20/7/2013
Convoquen al Pleno, ¡Ya!
No duraron ni 48 horas. Las protestas y cuestionamientos de la población a los negociados políticos con los que el Congreso eligió a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo frenaron la "repartija".
Uno a uno, los magistrados electos del TC tuvieron que poner su cargo a disposición. El primero en hacerlo fue Francisco Eguiguren Praeli, quien a las nueve de la mañana presentó una carta a la Secretaría de Oficialía Mayor en la que expresaba su voluntad de declinar el nombramiento.
En la carta, el jurista refiere que "siendo coherente con su trayectoria profesional, académica y personal como constitucionalista, defensor de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos", no puede participar en un TC "al lado de personas que no cumplen con las credenciales éticas y democráticas para asumir este cargo", en clara alusión al fujimorista Rolando Sousa, quien avaló el autogolpe de 1992.
"Estoy dispuesto a declinar la designación como magistrado del Tribunal Constitucional", señaló, e invocó a los demás seleccionados a adoptar la misma decisión a fin de que se lleve a cabo una nueva elección priorizando la calificación y trayectoria jurídica y moral de los designados.
A las 10 y 30 am, al salir de un evento organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Juan Jiménez, comunicó la decisión de Eguiguren adelantando que Víctor Mayorga y Cayo Galindo, también propuestos por el partido de gobierno, seguirían "la misma ruta".
Sin embargo, al cierre de esta edición, solo el primero de ellos oficializó este anuncio mediante una carta dirigida a la presidencia del Congreso.
El tercer magistrado electo en poner su cargo a disposición fue Ernesto Blume. Hizo conocer su decisión durante la conferencia de prensa que brindó el presidente del Partido Popular Cristiano, Raúl Castro, y varios congresistas de la Alianza por el Gran Cambio que apoyaron su candidatura.
"El tema se ha complicado y yo no quiero ser un obstáculo para cualquier fórmula de solución, por eso he decidido poner mi cargo a disposición", manifestó. Luego recalcó que los miembros del TC deben estar en la línea de la defensa del Estado constitucional, de las libertades, entre ellas de información y la libertad de prensa, así como de los derechos fundamentales.
Mientras tanto, el candidato fujimorista Rolando Sousa declaró desde Jerusalén que, al no haber asumido el cargo, él no puede renunciar.
"No tengo ningún ánimo ni me aferro a ningún cargo. No puedo renunciar porque la ley lo impide", afirmó, aunque, acto seguido, expresó que está "a disposición de lo que finalmente decida el Congreso".
Además demandó al presidente Ollanta Humala convocar a una legislatura extraordinaria, acusándolo de haber estado al tanto de todas las negociaciones para la cuestionada elección. El otro candidato fujimorista, José Luis Sardón, guardó total silencio.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Aunque Pilar Freitas, nombrada Defensora del Pueblo a pesar de las innumerables críticas a su independencia y calidad moral para ejercer el cargo, no se pronunció; el ex presidente Alejandro Toledo anunció que ella también pondría su cargo a disposición.
"Acabo de conversar con ella y, con un sentido de disciplina al partido, hemos acordado que va a dar un paso al costado", declaró a RPP el líder de Perú Posible.
Agregó que esta decisión no implica un rompimiento de los acuerdos con el Estado para mantener la gobernabilidad del país; sin embargo, reveló que este tema está en evaluación, cuyo resultado se conocerá el próximo lunes.
"Debe hacerse una elección de todos nuevamente y con el criterio de buscar profesionales idóneos, no con arreglos políticos", indicó. Toledo también afirmó que el mandatario Ollanta Humala estuvo al tanto de las negociaciones.
"Entiendo que el presidente sabía de la elección que se estaba produciendo en el Parlamento, porque el presidente del Congreso estaba en comunicación con el presidente Ollanta. ¿Qué está pasando? Necesitamos tener coraje para afrontar los momentos difíciles que afronta el país y no solo en la popularidad del momento", comentó el ex mandatario.
LEGISLATURA EXTRA
Ni bien se supo de la carta que Eguiguren envió al Congreso, el presidente de este Poder del Estado, Víctor Isla, trató de evitar su responsabilidad al señalar que si los funcionarios elegidos renuncian será por su "decisión personalísima".
Aclaró que ellos no pueden poner sus cargos a disposición del Parlamento porque ya están nombrados. Dijo que ellos decidirán si asumen o no, si renuncian o no.
"Si sucede (la renuncia de los designados) no habrá nombrados; entonces, en algún momento el Parlamento tendrá que elegir", afirmó.
Más bien, sobre la posibilidad de convocar a una legislatura extraordinaria para anular la elección de los magistrados del TC y la defensora del Pueblo, Isla lo condicionó a que lo soliciten 78 congresistas.
Por la noche insistió en respaldar el proceso de selección, a pesar del rechazo que ha motivado en la población. Sin embargo, anunció que el lunes al mediodía se reunirá la Junta de Portavoces para "hacer una evaluación institucional".
Al menos dos bancadas están recolectando firmas a fin de convocar a una legislatura extraordinaria en la que se deje sin efecto la cuestionada elección: una elaborada por la bancada de Acción Popular-Frente Amplio y la otra por la bancada de Fuerza Popular.
Yonhy Lescano, Mesías Guevara, Verónika Mendoza, Rosa Mavila y Manuel Dammert, entre otros legisladores miembros de AP-Frente Amplio, convocaron a una conferencia de prensa en los Pasos Perdidos, para recordar que los partidos políticos que avalaron la "repartija", como el fujimorismo, intentan ahora lavarse la cara.
Llevando pancartas con lemas como "Exigimos Pleno de inmediato" y "No a la repartija", ellos demandaron a todos los miembros elegidos el miércoles 17 a que den un paso al costado en un gesto democrático.
La propuesta de convocar a una legislatura extraordinaria ha sido respaldada también por Perú Posible, vía la red social Twitter, así como por el vocero de Solidaridad Nacional, José Luna Gálvez. La bancada de Gana Perú sostuvo una larga reunión para debatir el tema, pero aún no se ha pronunciado.
POBLACIÓN EN ALERTA
Las protestas de la población en contra de lo ocurrido en el Congreso continuaron desde temprano. Un grupo de jóvenes realizó un plantón en la puerta de la casa de Pilar Freitas, en Miraflores, llevando carteles en contra de su elección.
Otro colectivo de la sociedad civil protestó de una manera inusual, participando en un "flashmob" cerca del Parque del Amor, también en Miraflores. Cantaron el Himno Nacional y escenificaron una escena en la que dos lagartijas pelean por un voto. Pidieron la renuncia de todas las autoridades elegidas por el Congreso mediante el "cuoteo político".
Los manifestantes, entre los que estuvieron figuras de la farándula, como el actor Jason Day, invocaron a la población a sumarse, a estar alerta, a no dejar que los políticos pongan en riesgo la democracia y la institucionalidad con sus negociados y componendas.
CNDDHH E IDL BUSCAN FRENO LEGAL A ELECCIÓN
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa legal (IDL) anunciaron que presentarán acciones legales con la finalidad de anular las elecciones con las cuales se designó a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, del directorio del Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo.
El principal argumento, según el abogado Juan Carlos Ruiz, es la violación al derecho de juez natural y al reglamento del Congreso según el cual la votación debió ser individual y por cédula.
"Los principales responsables son el Congreso, los líderes políticos y Ollanta Humala que no puede irresponsablemente deslindarse de los votos de su agrupación", manifestó Glatzer Tuesta, director de IDL.
Por otro lado, Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora, aseguró que no se trata de que actores políticos ocupen dichos cargos sino de que sean probos en su ejercicio profesional, descalificando a Pilar Freitas.
“Consideramos que la Municipalidad de Lima no debe adherirse a la repartija y no debe vacar a Pilar Freitas”, señaló Rocío Silva Santisteban.
FUENTE: http://www.larepublica.pe/20-07-2013/por-definirse-futuro-de-miembros-electos-del-tc-y-la-defensoria
También resulta un signo de estos tiempos que, vía redes sociales, se haya podido congregar rápidamente una manifestación en contra. Y que la misma haya sido recibida, casi de inmediato, por varias bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía, a pesar que la misma era absolutamente pacífica.
El sabor a componenda ha quedado en el ambiente. Mientras que el gobierno asegura dos votos fijos para evitar que cualquier norma cuestionable pueda ser sacada del ordenamiento jurídico - ¿se imaginan a Cayo Galindo y Víctor Mayorga votando, por ejemplo, en contra de las normas sobre servicio militar? -, el fujimorismo ha logrado poner al abogado de Alberto Fujimori y de varios procesados por narcotráfico, corrupción y violadores de derechos humanos como magistrado de un Tribunal Constitucional al que se palomearon en 1997. Mientras que todos los políticos ganan con una Defensoría del Pueblo adocenada, con una persona cuestionable a la cabeza, cercana a un partido que ha perdido todo rubor democrático.
Peor aún, hemos visto a congresistas del Partido Popular Cristiano defender la repartija en nombre de “un acuerdo ya tomado”. El PPC, cuyos miembros se consideran como guardianes de la institucionalidad, terminó convalidando una de las peores votaciones que hemos tenido en 13 años de democracia, desde que la recuperamos.
Resulta también desleznable que la mayoría de gremios empresariales hasta ahora no haya dicho esta boca es mía respecto a la elección de ayer. Si bien varios de sus miembros deben respirar aliviados porque, al menos, hubo una buena elección de los directores del Banco Central de Reserva, su silencio resulta ominoso frente a dos instituciones que también deberían importarles. El Tribunal Constitucional ha resuelto varias disputas económicas y laborales, mientras que la Defensoría del Pueblo tiene el mejor seguimiento de conflictos sociales.
No estoy a favor de los que piden disolución del Congreso. Por el contrario, sería un remedio aún peor que la enfermedad. La mejor forma de hacer sentir a esta gente - no todos, felizmente, ayer hubo muestras de dignidad en ese hemiciclo - que nos avergüenza es seguir con manifestaciones, protestas simbólicas y, sobre todo, comprometerse más en la actividad política.
En el Congreso aun no se han dado cuenta de la magnitud del daño hecho. De lo que son conscientes es que se bajaron 2 instancias de control. Y no parecen sentir remordimiento alguno en ello.
(Foto: Miguel Bellido. El Comercio)
FUENTE: http://www.desdeeltercerpiso.com/
20/7/2013
Por definirse futuro de miembros electos del TC y la Defensoría
(Ayer 19-7-2013), el acuerdo sobre el reparto de puestos para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo estalló por los aires)
Tras las críticas y protestas de la población por el “cuoteo político” con el que se eligió a los representantes de estas instituciones, los seleccionados pusieron sus cargos a disposición, a excepción de fujimoristas. El presidente del Congreso anunció que el lunes verán el tema en junta de portavoces. Ciudadanía exige que se convoque al Pleno de inmediato.
María Elena Castillo HijarNo duraron ni 48 horas. Las protestas y cuestionamientos de la población a los negociados políticos con los que el Congreso eligió a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo frenaron la "repartija".
Uno a uno, los magistrados electos del TC tuvieron que poner su cargo a disposición. El primero en hacerlo fue Francisco Eguiguren Praeli, quien a las nueve de la mañana presentó una carta a la Secretaría de Oficialía Mayor en la que expresaba su voluntad de declinar el nombramiento.
En la carta, el jurista refiere que "siendo coherente con su trayectoria profesional, académica y personal como constitucionalista, defensor de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos", no puede participar en un TC "al lado de personas que no cumplen con las credenciales éticas y democráticas para asumir este cargo", en clara alusión al fujimorista Rolando Sousa, quien avaló el autogolpe de 1992.
"Estoy dispuesto a declinar la designación como magistrado del Tribunal Constitucional", señaló, e invocó a los demás seleccionados a adoptar la misma decisión a fin de que se lleve a cabo una nueva elección priorizando la calificación y trayectoria jurídica y moral de los designados.
A las 10 y 30 am, al salir de un evento organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Juan Jiménez, comunicó la decisión de Eguiguren adelantando que Víctor Mayorga y Cayo Galindo, también propuestos por el partido de gobierno, seguirían "la misma ruta".
Sin embargo, al cierre de esta edición, solo el primero de ellos oficializó este anuncio mediante una carta dirigida a la presidencia del Congreso.
El tercer magistrado electo en poner su cargo a disposición fue Ernesto Blume. Hizo conocer su decisión durante la conferencia de prensa que brindó el presidente del Partido Popular Cristiano, Raúl Castro, y varios congresistas de la Alianza por el Gran Cambio que apoyaron su candidatura.
"El tema se ha complicado y yo no quiero ser un obstáculo para cualquier fórmula de solución, por eso he decidido poner mi cargo a disposición", manifestó. Luego recalcó que los miembros del TC deben estar en la línea de la defensa del Estado constitucional, de las libertades, entre ellas de información y la libertad de prensa, así como de los derechos fundamentales.
Mientras tanto, el candidato fujimorista Rolando Sousa declaró desde Jerusalén que, al no haber asumido el cargo, él no puede renunciar.
"No tengo ningún ánimo ni me aferro a ningún cargo. No puedo renunciar porque la ley lo impide", afirmó, aunque, acto seguido, expresó que está "a disposición de lo que finalmente decida el Congreso".
Además demandó al presidente Ollanta Humala convocar a una legislatura extraordinaria, acusándolo de haber estado al tanto de todas las negociaciones para la cuestionada elección. El otro candidato fujimorista, José Luis Sardón, guardó total silencio.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Aunque Pilar Freitas, nombrada Defensora del Pueblo a pesar de las innumerables críticas a su independencia y calidad moral para ejercer el cargo, no se pronunció; el ex presidente Alejandro Toledo anunció que ella también pondría su cargo a disposición.
"Acabo de conversar con ella y, con un sentido de disciplina al partido, hemos acordado que va a dar un paso al costado", declaró a RPP el líder de Perú Posible.
Agregó que esta decisión no implica un rompimiento de los acuerdos con el Estado para mantener la gobernabilidad del país; sin embargo, reveló que este tema está en evaluación, cuyo resultado se conocerá el próximo lunes.
"Debe hacerse una elección de todos nuevamente y con el criterio de buscar profesionales idóneos, no con arreglos políticos", indicó. Toledo también afirmó que el mandatario Ollanta Humala estuvo al tanto de las negociaciones.
"Entiendo que el presidente sabía de la elección que se estaba produciendo en el Parlamento, porque el presidente del Congreso estaba en comunicación con el presidente Ollanta. ¿Qué está pasando? Necesitamos tener coraje para afrontar los momentos difíciles que afronta el país y no solo en la popularidad del momento", comentó el ex mandatario.
LEGISLATURA EXTRA
Ni bien se supo de la carta que Eguiguren envió al Congreso, el presidente de este Poder del Estado, Víctor Isla, trató de evitar su responsabilidad al señalar que si los funcionarios elegidos renuncian será por su "decisión personalísima".
Aclaró que ellos no pueden poner sus cargos a disposición del Parlamento porque ya están nombrados. Dijo que ellos decidirán si asumen o no, si renuncian o no.
"Si sucede (la renuncia de los designados) no habrá nombrados; entonces, en algún momento el Parlamento tendrá que elegir", afirmó.
Más bien, sobre la posibilidad de convocar a una legislatura extraordinaria para anular la elección de los magistrados del TC y la defensora del Pueblo, Isla lo condicionó a que lo soliciten 78 congresistas.
Por la noche insistió en respaldar el proceso de selección, a pesar del rechazo que ha motivado en la población. Sin embargo, anunció que el lunes al mediodía se reunirá la Junta de Portavoces para "hacer una evaluación institucional".
Al menos dos bancadas están recolectando firmas a fin de convocar a una legislatura extraordinaria en la que se deje sin efecto la cuestionada elección: una elaborada por la bancada de Acción Popular-Frente Amplio y la otra por la bancada de Fuerza Popular.
Yonhy Lescano, Mesías Guevara, Verónika Mendoza, Rosa Mavila y Manuel Dammert, entre otros legisladores miembros de AP-Frente Amplio, convocaron a una conferencia de prensa en los Pasos Perdidos, para recordar que los partidos políticos que avalaron la "repartija", como el fujimorismo, intentan ahora lavarse la cara.
Llevando pancartas con lemas como "Exigimos Pleno de inmediato" y "No a la repartija", ellos demandaron a todos los miembros elegidos el miércoles 17 a que den un paso al costado en un gesto democrático.
La propuesta de convocar a una legislatura extraordinaria ha sido respaldada también por Perú Posible, vía la red social Twitter, así como por el vocero de Solidaridad Nacional, José Luna Gálvez. La bancada de Gana Perú sostuvo una larga reunión para debatir el tema, pero aún no se ha pronunciado.
POBLACIÓN EN ALERTA
Las protestas de la población en contra de lo ocurrido en el Congreso continuaron desde temprano. Un grupo de jóvenes realizó un plantón en la puerta de la casa de Pilar Freitas, en Miraflores, llevando carteles en contra de su elección.
Otro colectivo de la sociedad civil protestó de una manera inusual, participando en un "flashmob" cerca del Parque del Amor, también en Miraflores. Cantaron el Himno Nacional y escenificaron una escena en la que dos lagartijas pelean por un voto. Pidieron la renuncia de todas las autoridades elegidas por el Congreso mediante el "cuoteo político".
Los manifestantes, entre los que estuvieron figuras de la farándula, como el actor Jason Day, invocaron a la población a sumarse, a estar alerta, a no dejar que los políticos pongan en riesgo la democracia y la institucionalidad con sus negociados y componendas.
CNDDHH E IDL BUSCAN FRENO LEGAL A ELECCIÓN
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa legal (IDL) anunciaron que presentarán acciones legales con la finalidad de anular las elecciones con las cuales se designó a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, del directorio del Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo.
El principal argumento, según el abogado Juan Carlos Ruiz, es la violación al derecho de juez natural y al reglamento del Congreso según el cual la votación debió ser individual y por cédula.
"Los principales responsables son el Congreso, los líderes políticos y Ollanta Humala que no puede irresponsablemente deslindarse de los votos de su agrupación", manifestó Glatzer Tuesta, director de IDL.
Por otro lado, Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora, aseguró que no se trata de que actores políticos ocupen dichos cargos sino de que sean probos en su ejercicio profesional, descalificando a Pilar Freitas.
“Consideramos que la Municipalidad de Lima no debe adherirse a la repartija y no debe vacar a Pilar Freitas”, señaló Rocío Silva Santisteban.
FUENTE: http://www.larepublica.pe/20-07-2013/por-definirse-futuro-de-miembros-electos-del-tc-y-la-defensoria
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